La política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump recibió un importante revés luego de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determinara que el Ejecutivo excedió sus facultades al aplicar aranceles globales amparado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
En una votación de seis contra tres, el máximo tribunal concluyó que la interpretación utilizada por la Casa Blanca para justificar los aranceles anunciados el 2 de abril de 2025 —fecha denominada por la administración como el “Día de la Liberación”— no era correcta, ya que invadía competencias exclusivas del Congreso en materia de política comercial.
El fallo deja sin cobertura legal una parte significativa de los aranceles recíprocos impuestos a decenas de países, incluyendo gravámenes aplicados a economías como México, Canadá y China bajo distintos argumentos comerciales y de seguridad.
Sin embargo, pocas horas después de conocerse la sentencia, Trump anunció un nuevo arancel global del 10%, asegurando que cuenta con respaldo en otras disposiciones legales, como las secciones 232 y 301 de la legislación comercial estadounidense. El mandatario sostuvo que no requerirá autorización del Congreso, aunque reconoció que la implementación podría tomar tiempo.
La decisión representa un control poco habitual sobre el amplio uso de facultades ejecutivas por parte del presidente, en un tribunal que cuenta con mayoría conservadora. No obstante, el anuncio inmediato de nuevas medidas mantiene la incertidumbre en el comercio internacional.
Especialistas señalan que, aunque el fallo podría reducir teóricamente las tasas arancelarias promedio, persisten otros impuestos vigentes bajo diferentes marcos legales. Además, empresas y organizaciones comerciales ya analizan posibles acciones para solicitar devoluciones de aranceles previamente cobrados.
En medio de este escenario, importadores, empresarios y consumidores permanecen atentos a los detalles del nuevo esquema, cuyo impacto económico y viabilidad jurídica podrían volver a ser materia de debate en los tribunales.
